En un giro dramático en el mundo empresarial, la entidad de capital privado JZ International ha acentuado sus acciones legales contra los fundadores de Gedesco, una empresa especializada en la financiación de pequeñas y medianas compañíasundefined ), acusándolos de malversación de fondos para beneficio personal. Esta acusación se enfoca en Antonio Aynat y Francisco Javier García Escrivá, creadores de Gedesco, tal como en los exejecutivos del fondo de inversión Miguel Rueda y Ole Groth, quienes han tomado las riendas de la gestión de la firma valenciana una vez que JZI adquiriera el 675% de sus acciones en 2007. Este conflicto legal, que se produjo en el tercer mes del año de 2022 con una querella en Novedosa York contra Rueda y Groth por desviar en teoría 80 millones de euros a Stator Management, una entidad estrechamente enlazada a ellos, ha escalado con la presentación de una nueva querella en Valencia por una pluralidad de delitos introduciendo administración desleal y estafa.
Esta segunda querella, que también implica a José Luis Villafranca, de hoy integrante del consejo de Gedesco, y a tres compañías bajo la propiedad de los acusados, se basa en acusaciones de emplear la estructura de Gedesco en beneficio propio y de obstruir el ejercicio de los derechos de JZI como accionista mayoritario. La querella detalla de qué forma, a pesar de la disfunción del Consejo de Administración de Gedesco por falta de miembros, los acusados prosiguieron tomando resoluciones esenciales, bloqueando ciertamente a JZI de formar parte en la administración de la empresa. Las peticiones de JZI para convocar a la Junta de Accionistas y cesar a estos Haga clic aquí para obtener más información ejecutivos fueron de forma sistemática frustradas, con la junta suspendida en siete ocasiones.
Este enfrentamiento no solo se extiende por 2 jurisdicciones, con pleitos tanto en Estados Unidos como en España, sino que también revela una trama complicada de discusiones legales que incluye acusaciones contra los asociados fundadores de JZ International por otros frentes judiciales en España relacionados con la financiación de la fallida compañía de seguridad Ombuds. La resolución de un juez en Madrid de mover uno de estas situaciones a Valencia y el posterior fichero de la causa por carecer de indicios de delito añade otra capa a este entramado legal.
Este caso ilustra no solo las complejidades de las relaciones entre inversores y directivos en el mundo corporativo, sino asimismo las adversidades inherentes a la resolución de disputas transfronterizas en el campo del derecho empresarial. La situación en Gedesco expone los desafíos que enfrentan los inversores para proteger sus intereses y la relevancia de una gestión transparente y ética en las empresas..